Este borracho asesino mascagüebos RATA-BUSH, actuó siempre igual que lo ha hecho el MINI-HIJO DE PUTA Uribe, con gestos y actitudes de marico sucio, de títere pajúo payaso del Imperio Yankee, de jalabolas y esclavo servil para cumplir arrastrándose todas las órdenes perversas que les dá el Imperio…. Y siempre con sonrisitas, echonerías y burlas propias del característico CABRÓN NARCO COÑO DE MADRE….. ¡Que Dios los coja confesados a los dos!…. ¡Y bien cogidos por esos culos sucios y hediondos que tienen!…. ¡Amén!….

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Caso: Venezolana de Televisión ‘89
presidencia: Jaime Lusinchi (1984-1989)
Fecha de Suceso: 1984-1988
Fecha Denuncia: Febrero 1989
Denunciantes: Gonzalo Pérez Hernández (Diputado MIN); Oscar Yanez (Diputado COPEI); Joaquin Marta Sosa (Presidente entrante de VTV)
Involucrados: Marta Colomina de Rivera (Presidente de VTV 1984-1989)
Investigadores: Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados; Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, Contraloría General de la República; Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Denuncia: Desorden Administrativo, contratos irregulares, mobiliarios desparecidos
Magnitudes: Bs. 140.696.008,oo (Déficit Presupuestario 1984-1987) !Ojo Pelao!… Hace 15 años

Ya en 1984 la C.A. Venezolana de televisión (CAVTV) -o VTV, como se le llama comúnmente- había ocupado largos titulares de prensa gracias a diversas denuncias que revelaban una empresa sumida en una desorganización creciente; desorganización que según puede verse siguió su curso durante la administración presidida por la Lic. Marta Colomina de Rivera. “En 1984 recibimos un canal inauiditable” declararía más tarde la conocida autora del estudio sobre la televisión venezolana El Huesped Alienante.Desde sus comienzos, la administración de Marta Colomina de Rivera fue blanco de numerosas críticas, comenzando por el inicio de su gestión con una abrupta reducción de personal, que trajo como consecuencia amenazas de huelgas en el canal y el “descabezamiento” de grupúsculos de poder que fueron portavoces de diversas informaciones en torno a la administración Colomina, pasando por los reclamos de diferentes empresas deudoras y las incontables referencias a la estrecha relación que, según la prensa, unía a Marta Colomina con la entonces secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibáñez Piña, hoy señora de Lusinchi.Sin embargo, el gran caso Colomina comienza el 10 de Febrero de 1989, cuando la administración de la empresa es entregada a Joaquín Marta Sosa, quien había sido nombrado presidente de la empresa en asamblea extraordinaria de accionistas en esa misma fecha: Terminaba el período presidencial de Jaime Lusinchi y comenzaba el de Carlos Andrés Pérez. Para formalizar el proceso de entrega y recepción de la presidencia, Marta Colomina depositó un documento con el resumen de su gestión administrativa avalado con un informe de auditoría realizado por la empresa de contadores públicos Bello, Borges & Asociados. A fin de contrastar el informe realizado por esta empresa y revisar que el análisis administrativo había sido llevado a cabalidad, el presidente entrante contrató los servicios de la firma auditora Espiñeira, Sheldon & Asociados. Puesto que el nuevo informe no concordaba con el anterior sobre la situación económica y financiera de la empresa, Joaquín Marta Sosa, envió los recaudos a la Contraloría General de la República a fin de dilucidar el verdadero estado financiero de la empresa que estaba recibiendo.Ninguna de las dos firmas, pues, coincidió sobre “la verdadera situación económica y financiera de la empresa”. También, el 23 de Febrero de ese mismo año, el Senado aprueba la petición de investigación de la empresa y el presidente del Congreso de la República envía los recaudos al organismo contralor. Por decisión unánime, el 20 de Julio de 1989, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión Permanente de Contraloría los recaudos consignados por VTV (canal 8). El diputado Oscar Yanez (presidente de la comisión solicitante) hace la petición para iniciar el proceso de denuncia y las investigaciones pertinentes que permitieran el esclarecimiento de los presuntos hechos ilícitos. El 2 de Agosto, el diputado Oscar Yanez envía una comunicación al Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público, documento suscrito por el Escritorio Jurídico Jatar Alonso, Fernández Concheso & Asociados. Primeramente, las nuevas gestiones contables habían detectado fallas en la documentación que respaldaban las gestiones de cobro. Espiñeira, Sheldon & Asociados partían de un saldo en la cuenta Efectos y Cuentas por cobrar de Bs. 419.544.998,oo con una provisión para cuentas malas o de dudosa recuperación de Bs. 223.298.419,oo, hecho que revela una diferencia en contra de VTV por Bs. 193.906.838,oo. Puesto que para la empresa de contadores toda cuenta con una antiguedad mayor a un año luce como incobrable de acuerdo al tipo de negocio publicitario por televisión o medios radioeléctricos, esta cantidad pesaría sobre el patrimonio de la empresa llevándola a un delicado estado financiero, ya que se originaba un déficit acumulado que excedía los dos tercios del capital social. De haberse materializado esa contingencia en contra de la empresa, esta debía necesariamente ponerse en liquidación si los accionistas no decidían reintegrar el capital o limitar el fondo social al capital existente.

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¡En que la estripan y no echa sangre!….. jajajajajaja….

BUSH tiene algo bueno: que es un perfecto….

¡SI, UN PERFECTO COÑO DE MADRE GRINGO DE MIERDA!….

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